La Unión Europea se ha puesto las pilas para digitalizar las administraciones públicas. Una nueva directiva les impone la obligación de usar un formato común al recibir facturas electrónicas de parte de empresas privadas. La nueva norma, que entró en vigor hace dos semanas, vincula a administraciones de todo tipo, estatales, regionales y locales, aunque estas dos últimas tienen un margen de un año para adoptar el nuevo formato.
Más allá de la tecnología, la directiva no supone un cambio radical en el funcionamiento de muchos gobiernos. En 18 de los 28 estados de la UE, ya se usa el formato digital al recibir facturas del sector privado. Es el caso de países como España, Italia, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Austria, Bélgica o Países Bajos. Sin embargo, la introducción de esta directiva reafirma la apuesta por la digitalización de la Unión Europa y avanza en la transparencia y la eficacia de los gobiernos.